La Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (Sunedu) y su continuo seguimiento a las diversas universidades
del Perú, llegaron a las puertas la universidad Inca Garcilaso de la Vega y
decidieron cerrarlas.
Ante la noticia, el ciudadano de a pie, se plantea la
interrogativa de: “¿favor o perjuicio?”
El antagonismo de opiniones se divide entre quienes miran el
desarrollo de la educación en general, y quienes miran la situación de los
miles de alumnos que se quedan sin la posibilidad de continuar sus estudios.
El escenario resulta complicado, pues si bien el objetivo es
plantear una reestructuración de la educación peruana, ¿quién se hace cargo de
las secuelas propias de esta? La incertidumbre, pues, va calando en los
afectados.
¿A quién le encargamos la responsabilidad total del futuro de
los miles de estudiantes que se quedan en el aire? Porque se podrá dar solución
a muchos, pero quedará un porcentaje que tendrá que empezar de nuevo, rompiendo
la línea ya empezada.
El privilegio heredado y la superación creada se contraponen
entre quienes siguen disfrutando de una educación de calidad, y quienes
organizan desde ya una nueva marcha en la ciudad.
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